Vaneloga
El sistema funciona. En teoría, para todos.
Pero hay un número que no aparece en la resolución: el 40% de los adultos mayores en Argentina no tiene acceso a internet ni sabe usar un teléfono inteligente. Son, en su gran mayoría, los mismos que más medicamentos necesitan, los que más veces van a la farmacia, los que dependen de PAMI para que esos remedios no les cuesten lo que no tienen. Para ellos, el token digital no es una simplificación. Es un obstáculo nuevo donde antes había uno viejo.
La receta electrónica obligatoria llega además sobre un sistema de salud fragmentado. Las obras sociales tienen sus propias plataformas. PAMI tiene la suya. El sector privado, otra. La Resolución 638 establece que los tokens deben ser emitidos por plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud, pero no resuelve qué pasa cuando el paciente no tiene teléfono, no recuerda su contraseña de Mi Argentina, o vive en una zona donde la señal de datos móviles no llega.
Tampoco resuelve el caso del analfabeto funcional. No hay ningún programa nacional de inclusión digital diseñado para personas que no leen con fluidez. Todos los programas existentes asumen que el beneficiario sabe leer, escribir y navegar una pantalla de texto. El cruce entre analfabetismo tradicional y exclusión digital es la parte más oscura del mapa, la que nadie está midiendo porque no existe aún un indicador oficial de analfabetismo digital en Argentina.
La ANMAT, por su parte, avanza en paralelo con la Disposición 2891/2026: los envases de medicamentos deberán incorporar códigos bidimensionales para acceder al prospecto digital. Otra medida razonable. Otro paso que supone que la persona que sostiene el blíster sabe escanear un QR y leer la pantalla que aparece después.
La burocracia en papel era lenta, costosa y generaba sus propias exclusiones. Nadie defiende volver a ella. Pero reemplazarla con burocracia digital sin resolver primero quién puede acceder a esa digitalización produce el mismo resultado que antes: los que tienen más recursos navegan el sistema, los que tienen menos se quedan afuera. Cambia el soporte. La desigualdad permanece.
El proyecto de ley de Alfabetización Digital para Adultos Mayores lleva tres presentaciones en el Congreso sin aprobarse: 2018, 2023 y la que está en trámite ahora. No tiene costo adicional para el Estado porque se financia con el Fondo del Servicio Universal, que ya existe. Lo que no tiene es urgencia legislativa. Mientras tanto, el Ejecutivo digitaliza a velocidad de resolución ministerial
La brecha digital en Argentina es un problema de política pública que se agrava cada vez que se implementa una mejora sin preguntarse primero quién queda afuera. La receta electrónica en el celular es una buena idea. Pero para el jubilado de Formosa que cobra la mínima, no tiene smartphone y vive a doce kilómetros de la farmacia más cercana, esa buena idea llega como una puerta que se cierra.
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