Decenas de proyectos en el Congreso esperan convertirse en alivio para 4,8 millones de familias

No damos más

Hay 4.818.440 personas en Argentina con deudas impagas de más de tres meses. No es un número abstracto: es el 45% más que dos años atrás, cuando el mismo indicador marcaba 3.314.998. La mora bancaria de las familias llegó al 11,2% en febrero de 2026, el pico más alto desde 2004. En billeteras virtuales y fintechs, el número escala al 29,9%. Uno de cada tres deudores en plataformas digitales no puede devolver lo que pidió.

En ese contexto, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados convocó el 15 de abril a especialistas y legisladores para debatir 18 proyectos de ley orientados al desendeudamiento de las familias. Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la comisión, marcó el tono: hay urgencia, hay voluntad de avanzar y hay que encontrar un texto unificado antes de ir al recinto. "Ir al recinto con 18 proyectos es ir a perder", resumió un diputado opositor.

El problema no esperó a que los legisladores se pusieran de acuerdo. Las familias argentinas acumulan hoy 39 billones de pesos en deudas: 32,1 billones bancarias y 6,9 billones no bancarias. La deuda con entidades no bancarias llegó a representar el 34% del salario familiar. Si se suma la bancaria, el peso total del endeudamiento escala al 140% del ingreso del hogar. Nadie se endeuda así por capricho. Lo hace porque el salario no alcanza para pagar el alquiler, la luz, el supermercado.

Los proyectos, uno por uno

1. Programa de desendeudamiento de las familias argentinas (Michel, Marclay y otros – UxP/Encuentro Federal/Defendamos Córdoba)

La iniciativa interbloques más avanzada. La encabeza el entrerriano Guillermo Michel junto a la también entrerriana Marianela Marclay, legisladores de Encuentro Federal y Natalia De la Sota. Propone una línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, con un monto máximo de $1.500.000, ajustable por el Salario Mínimo Vital y Móvil. La tasa sería la TAMAR más 10 puntos porcentuales. El destino específico: cancelar deudas con fintechs, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales. La cuota no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto. Es el proyecto más concreto en cuanto a mecanismo operativo y tiene respaldo transversal.

2. Régimen Esencial de Desendeudamiento – Emergencia crediticia (Zaracho y Hagman – UxP)

La bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman proponen declarar la emergencia en materia crediticia de los hogares por dos años. El núcleo: crear un Régimen Esencial de Desendeudamiento que audite deudas y permita planes de pago con cuotas que no superen el 30% de los ingresos. La lógica es proteger mientras se reestructura.

3. Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas (Santiago Roberto – UxP)

El porteño Santiago Roberto presentó este proyecto el 3 de abril de 2026. Incluye tres pilares: condonación de deudas para personas de bajos ingresos, refinanciamiento de saldos pendientes y suspensión por 90 días de todos los procesos judiciales contra deudores. Está dirigido a personas con deudas registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.

4. Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar (Roxana Monzón y 14 legisladores de UxP)

La propuesta colectiva más numerosa: lleva la firma de 15 diputados de Unión por la Patria encabezados por la bonaerense Roxana Monzón. Apunta a facilitar la cancelación de pasivos de personas y familias "en situación de morosidad o riesgo de insolvencia" cuando las deudas correspondan a bienes o servicios esenciales. Las entidades prestamistas deberán ofrecer, a simple solicitud, la reprogramación de las deudas originadas.

5. Proyecto de Gabriela Estévez (UxP)

La diputada cordobesa tiene una iniciativa propia en el conjunto de proyectos presentados, orientada también al alivio del endeudamiento familiar y el consumo esencial. Integra el paquete a unificar.

6. Proyecto de Andrea Freites (UxP)

Freites presentó su propuesta en el mismo marco de la agenda opositora. Integra las 18 iniciativas bajo análisis en la comisión.

7. Proyecto de Kelly Olmos (UxP)

La exministra de Trabajo convertida en legisladora también sumó su iniciativa al conjunto. Sus fundamentos hacen eje en el deterioro del empleo y los ingresos como causa estructural del endeudamiento.

8. Proyecto de Diego Giuliano (UxP)

El santafesino Giuliano presentó su propuesta dentro del bloque, alineada con la estrategia de construir consensos para llegar al recinto con una sola voz opositora.

9. Proyecto de Lucía Cámpora (UxP)

La diputada kirchnerista también integra el paquete de los 18 con su propia iniciativa. Forma parte del núcleo del armado de Yasky para llevar un dictamen unificado.

10. Plataforma DesendeudAR – Segunda Oportunidad Familiar (Marcela Pagano – Coherencia)

La bonaerense Marcela Pagano, referente del bloque Coherencia —formado por exaliados libertarios que rompieron con La Libertad Avanza—, presentó el proyecto integral más ambicioso. La "Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento" tiene cuatro componentes: límites a la posibilidad de endeudamiento, regulación de la publicidad crediticia, creación de un sistema de alerta temprana con infraestructura de finanzas abiertas y un régimen transitorio y extraordinario de reestructuración de deudas. Ingresó al Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026. Es el proyecto más estructural y de largo plazo.

11. Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (Esteban Paulón y Pablo Farías – Provincias Unidas)

Los diputados santafesinos Paulón y Farías proponen un cambio de fondo: incluir a los deudores de créditos de consumo como sujetos "pasibles de protección especial" en la Ley de Concursos y Quiebras. Además, limitan la posibilidad de embargar ingresos cuando eso llevaría al deudor por debajo de la línea de pobreza. Es la única propuesta que ataca directamente el marco legal del sistema concursal.

12. Proyecto de Pablo Juliano (Provincias Unidas)

El legislador Juliano también presentó su iniciativa desde el espacio santafesino. Integra el conjunto y forma parte de la estrategia de acuerdos transversales que intenta articular Yasky.

13. Proyecto de Mónica Frade (Coalición Cívica)

La diputada Frade sumó al paquete la propuesta del radicalismo más duro. La Coalición Cívica, con su perfil liberal-republicano, integra el debate con una mirada propia sobre los mecanismos de protección al consumidor financiero.

14. Proyecto de Pamela Calletti (mandato cumplido – estado parlamentario vigente)

Calletti ya no es legisladora, pero su proyecto mantiene estado parlamentario y fue incluido en el análisis de la comisión. Es una señal de que el tema viene siendo trabajado desde antes del pico de morosidad actual.

15. Proyecto de Oscar Agost Carreño (mandato cumplido – estado parlamentario vigente)

El ex legislador cordobés también tiene iniciativa vigente. Sus lineamientos se integran al diagnóstico compartido y al proceso de compatibilización de textos.

16. Proyecto de Fabiola Aubone (mandato cumplido – estado parlamentario vigente)

La ex diputada mendocina dejó un proyecto activo. Los asesores de la comisión lo trabajan junto a las iniciativas de los legisladores actuales.

17. Proyecto de Carolina Yutrovic (mandato cumplido – estado parlamentario vigente)

La cuarta iniciativa con estado parlamentario de legisladores que ya no están en ejercicio. Su vigencia le da continuidad histórica al debate.

18. Proyecto de resolución de Emmanuel Bianchetti (PRO, aliado de LLA)

El diputado misionero Bianchetti, del PRO, presentó un proyecto de resolución expresando preocupación por el crecimiento de las deudas en tarjetas de crédito. Sus fundamentos señalan que el endeudamiento creció un 55% entre julio de 2024 y julio de 2025, con un stock total de 20,3 billones de pesos. "El endeudamiento crece al ritmo del deterioro salarial, el aumento de los servicios básicos y las tasas usurarias, que superan el 200% anual", escribió. No propone solución legislativa concreta, pero su presentación es significativa: es un aliado del Gobierno que reconoce el problema.

Un número que cambia según quién cuenta

Dieciocho es la cifra que más circuló en los medios durante abril, cuando la Comisión de Defensa del Consumidor convocó la primera reunión informativa. Pero el número no es fijo ni unánime. Una nota de iProUP del 7 de mayo menciona 14 proyectos activos —probablemente porque descarta los cuatro de legisladores con mandato cumplido pero estado parlamentario vigente. Desde algunos espacios de la oposición, en cambio, se habla de hasta 30 iniciativas en juego. Las fuentes consultadas para esta nota no permiten verificar ese número con precisión, pero tampoco lo descartan: si se suman los proyectos en el Senado —donde el santafesino Marcelo Lewandowski presentó su propia iniciativa para limitar los intereses de tarjetas de crédito—, más las iniciativas en legislaturas provinciales (Entre Ríos, Buenos Aires) y los programas que avanzan por decreto en Santa Fe y Corrientes, el universo de iniciativas legislativas en todos los niveles del Estado es considerablemente más amplio que lo que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que sí es cierto es que el número exacto importa menos que el diagnóstico compartido: hay demasiados proyectos, demasiado dispersos, y esa dispersión es en sí misma parte del problema

El estado del avance y el obstáculo político

La Comisión de Defensa del Consumidor tuvo su primera reunión informativa el 15 de abril. Yasky anticipó una segunda convocatoria ampliada para sumar legisladores de otros bloques. El paso siguiente es una reunión de asesores para compatibilizar los proyectos en un texto unificado. Después, el dictamen. Luego, el recinto.

El problema es el recinto. La oposición necesita mayoría para imponer una sesión especial y lograr el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, que responden al oficialismo y deberían intervenir en la iniciativa. Para eso necesita votar en bloque: Unión por la Patria, la mayor parte de Unidos, el Frente de Izquierda y varios monobloques. Cualquier fisura y el número no cierra.

Los impulsores del proyecto ANSES estiman que, si hay aprobación en ambas cámaras, la ley podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026. Pero para llegar ahí falta mucho camino político.

El Gobierno, mientras tanto, va en la dirección contraria. Por el Decreto 421/2025, el Ejecutivo eliminó el programa de créditos que el ANSES ofrecía a jubilados y pensionados. La posición oficial es la misma de siempre: cualquier medida de este tipo compromete el equilibrio fiscal. El canal Diputados TV no transmitió la reunión de la comisión.

Lo que los números dicen que el ajuste no resolvió

Los especialistas que expusieron ante la comisión fueron contundentes. La socióloga Luci Cavallero sintetizó el diagnóstico: las familias no se endeudaron por mala educación financiera ni por decisiones irresponsables. Se endeudaron para subsistir. Para pagar el alquiler cuando subió 423% desde noviembre de 2023 a marzo de 2026. Para cubrir servicios que aumentaron 539%. Para sostener el transporte con un 447% de suba acumulada.

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, habló de "un tsunami en formación". No usó la imagen como metáfora periodística, sino como advertencia técnica: la imposibilidad de cubrir necesidades elementales no va a frenarse sola.

La mora en la compra de electrodomésticos llega al 40%. En entidades no bancarias, al 24,6%. El endeudamiento entre el 140% y 143% del ingreso familiar es, en términos técnicos, insostenible sin algún mecanismo de alivio.

El gobierno de Milei cerró el ANSES como puerta de salida. La oposición intenta abrir otra por el Congreso. Que esa puerta se abra a tiempo, en un año electoral donde cada ley puede convertirse en munición o en condena, depende de si los bloques opositores logran hacer lo que todavía no hicieron: ponerse de acuerdo en un solo texto.

Hasta que eso no ocurra, los 4,8 millones de familias en mora siguen esperando.

La mirada

Detrás de cada número de mora hay una familia que pagó el alquiler con la tarjeta, que financió el gas en cuotas, que pidió prestado para llegar a fin de mes. No es irresponsabilidad: es el resultado previsible de tasas de interés que durante meses superaron el 200% anual en el segmento no bancario, sin que nadie las frenara. Los bancos y las fintechs no operan en el vacío: operan en el marco que el Estado les permite o les impone. Cuando ese marco desaparece —cuando se desregula sin red, cuando se elimina el programa de créditos del ANSES por decreto, cuando el Banco Central mira para otro lado— el que paga el costo no es el sistema financiero. Lo paga el trabajador que no puede cerrar el mes, el jubilado que refinancia su jubilación para sobrevivir, la familia que hipoteca su consumo futuro para sostener el presente.

Desde Mirada Argentina sostenemos que regular las tasas de interés, proteger al deudor de buena fe y garantizar mecanismos de segunda oportunidad no es populismo ni intervencionismo: es la función básica del Estado. Un Estado que abdica de esa responsabilidad y llama "libertad de mercado" al abuso no está desregulando: está eligiendo un bando. Este momento doloroso que atraviesan millones de hogares argentinos no fue inevitable. Fue, en buena medida, construido.


Esperamos de corazón que todo se resuelva pronto, porque desde el primer momento todos nos hemos dispuesto a acompañar, sostener y hacer lo necesario para que las cosas salgan bien.



Comentá la nota en X: https://x.com/mirada_arg
Publicá en Mirada Argentina escribiendo a: [email protected]
https://www.instagram.com/mirada.argentina/

Antropoceno: la era en la que el ser humano empezó a modificar la Tierra

Córdoba: ¿Nos encontramos con el primer argentino?

Amas de casa: la deuda impaga de Argentina