Vaneloga
Discordias, diferencias y un tema tan nuestro como íntimo
El 6 de agosto el Senado vuelve a sentarse frente al mismo expediente que ya postergó cuatro veces. Quince versiones distintas del mismo proyecto, negociaciones que se filtran en cada sesión, un gobierno que necesita votos y no los consigue. Adentro de ese vaivén político hay algo que excede la interna de bloques: quién puede ser dueño de la tierra argentina, y bajo qué reglas.
Este tema supera la diferencia partidaria. Invita a hablar desde lo más sincero de cada uno, porque a la mayoría nos cuesta comprar un terreno, mudarnos de región o hasta hacer turismo por nuestro propio país. Mientras tanto sabemos que hay otros con el dinero suficiente para comprar pueblos enteros, ríos, sierras completas. Esa desventaja es la que vuelve tan áspero el debate, y también la que lo mantenía casi tapado por la agenda del Mundial. Ahí aparece la oportunidad: poner sobre la mesa lo más genuino de nosotros, el cuidado de la tierra, la posibilidad real de acceso y, sobre todo, el riesgo de terminar sometidos.
Qué dice la ley hoy y qué quiere cambiar el proyecto
Desde 2011 rige la Ley 26.737, la que puso un límite del 15% a la cantidad de tierra rural que puede estar en manos extranjeras, con un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola y restricciones sobre glaciares, cuerpos de agua y zonas de frontera. Una ley pensada para tratar a la tierra como lo que es: un recurso estratégico.
El proyecto que impulsa el Gobierno, bautizado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, va directo a ese núcleo. Elimina los artículos 8 y 10 de la Ley 26.737 —los que fijan el tope nacional del 15% y el límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo— y traslada la decisión a cada provincia: será cada gobernador quien autorice, limite o directamente habilite la venta de campos a extranjeros en su territorio. También deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que reservaba los bienes de zona de seguridad para ciudadanos argentinos nativos. Para las zonas de frontera exige un doble aval, provincial y nacional. Y prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo que la propia provincia lo autorice.
El paquete no se queda en la tierra. Suma un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles ocupados, con plazos de 72 horas y resolución judicial acelerada. Y toca la Ley de Manejo del Fuego: deroga el plazo que hoy impide cambiar el uso de un terreno incendiado durante décadas, lo que en la práctica habilita construir o producir sobre tierra que ardió.
Quién empuja y quién frena
Detrás del proyecto está Federico Sturzenegger, con el aval presidencial, y la gestión política corre por cuenta de Patricia Bullrich, que viene cazando votos senador por senador. El argumento oficial es sencillo: más apertura, más inversión, más producción, sin que eso implique ceder soberanía. La Sociedad Rural respalda esa lectura sin vueltas.
Del otro lado se acumulan las resistencias, y no todas vienen de la oposición tradicional. La vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia pública. El Comité Nacional de la UCR salió a rechazar el proyecto, aunque su bloque en el Senado está partido al medio. La Iglesia mandó una carta a cada senador pidiendo que prime el bien común. Organizaciones como el CELS y la Federación Agraria advierten que sin tope nacional la concentración de tierra se profundiza, no se ordena. Y en el propio armado libertario hay provincias que dudan: Misiones es el caso más visible, con una interna que amenaza con romper el bloque que hasta ahora acompañaba.
El debate no separa prolijamente a un bando de otro. Atraviesa a los oficialismos provinciales, a los partidos tradicionales, a las organizaciones del campo. La grieta habitual no alcanza para explicar quién vota qué.
El territorio como asunto de todos
Acá está la oportunidad que suele perderse en el ida y vuelta legislativo. La tierra rural argentina no es un tema sectorial, de productores o de un ministerio. Es la base de lo que comemos, de lo que exportamos, de cómo se organiza el trabajo en el interior del país. Un departamento de Catamarca con más de un cuarto de su territorio en manos extranjeras no es una estadística lejana: es una postal de hacia dónde puede ir el resto del mapa si el criterio pasa a ser exclusivamente provincial y cada jurisdicción negocia sola, sin una vara común.
Puede haber buenas razones para discutir los límites de la ley vigente. Nadie serio plantea cerrar la puerta a toda inversión extranjera. Pero hay una diferencia enorme entre actualizar una norma y desarmarla, entre regular con matices y dejar que cada provincia negocie sin red frente a capitales que juegan otra liga.
Somos pocos frente al resto del mundo. Deberíamos tener más margen de decisión sobre nuestro propio territorio, sobre todo cuando la clase trabajadora, endeudada, ya ni puede pensar en sostener su propia casa. Pedirle que compita por una hectárea es pedirle demasiado.
Estamos poniendo lo mejor de nosotros para que este proyecto de país salga adelante, y eso empieza por volver a escucharnos, por escuchar a cada ciudadano que compone esta nación. Somos parte del mundo y, al mismo tiempo, el mundo vive en nosotros, con una genética que se puede medir en la inmensidad de nuestra naturaleza,y una fortaleza de espíritu tremenda. La tierra es parte de lo que somos.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26737-192150/normas-modifican
https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E8DCE1D3BD343C045962C67BE88B09E5?id=192151
Fuentes: Ambito.com, Infobae, Página/12, Radio UNR, Huella del Sur, El Diario AR, MDZ Online, El Cordillerano, Misiones Plural, El Argentino Diario, El Liberal, Canal26, LM Neuquén, Sin Mordaza.
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