La reforma aprobada en 2026 alteró el corazón de una de las leyes ambientales más sensibles de la Argentina. Cambió artículos clave, trasladó poder a las provincias, condicionó prohibiciones que antes eran taxativas y abrió una disputa que ya salió del Congreso para meterse en la Justicia, en la cordillera y en el futuro del agua argentina.
